Este jueves, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal local para sancionar la cohabitación forzada, estableciendo penas de hasta 22 años y medio de prisión en los casos más graves, especialmente cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables.
La reforma, que modifica el artículo 224 del Código Penal, fue impulsada por legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El objetivo es castigar la práctica que obliga a menores de 18 años o personas vulnerables a unirse informalmente con otra persona en condiciones similares al matrimonio, una problemática que afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes.
Con esta decisión, Puebla se convierte en la entidad número 13 en legislar sobre el tema de la cohabitación forzada. El dictamen aprobado establece una pena de 8 a 15 años de cárcel para quienes incurran en este delito, aumentando hasta 22 años y medio cuando la víctima sea parte de una comunidad indígena o afromexicana, o cuando el agresor tenga una relación de parentesco, tutela, autoridad o dependencia con la víctima.
Durante la discusión, se destacó que una de cada cinco mujeres en México se une en pareja antes de cumplir los 18 años. Además, en 2022, nacieron más de 9 mil bebés de madres menores de 15 años en el país, lo que evidencia la gravedad del problema y la urgencia de medidas para proteger a la niñez y adolescencia.
La reforma también busca reducir los índices de deserción escolar y embarazo adolescente, fenómenos asociados a las uniones forzadas y prematuras. En palabras de los legisladores, la propuesta pretende “evidenciar la necesidad de evitar los matrimonios forzados de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tengan la capacidad para resistirlo”.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2025 Puebla registró una tasa de fecundidad forzada en niñas de 12 a 14 años de 2.95 nacimientos por cada mil menores, cifra superior al promedio nacional de 2.39. Esto mantiene al estado entre los diez con mayor incidencia en el país, pese a que la proporción estatal es menor a la registrada en 2018, cuando fue de 3.68 nacimientos por cada mil niñas.
El estudio “Características sociodemográficas de las niñas madres y de los progenitores de las(os) hijas(os) de niñas de 10 a 14 años”, elaborado por Conapo, ubicó a Puebla el año pasado en el octavo lugar nacional en este indicador, solo detrás de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Campeche, Michoacán y Veracruz.
La aprobación de esta reforma representa un paso importante en la protección de la infancia y la juventud en Puebla, en concordancia con los valores de la familia y el respeto a la dignidad humana, y refuerza el compromiso de las autoridades estatales con el orden y la seguridad jurídica.
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