El jueves 28 de mayo de 2026, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de México, incorporando la figura de «intervención extranjera» como causa de nulidad en los procesos electorales.
La reforma modifica el artículo 41 de la Constitución e introduce una nueva causal de nulidad electoral relacionada con la intervención extranjera, que incluye el financiamiento ilícito, la propaganda, la difusión sistemática de desinformación, la manipulación digital y la intervención de gobiernos u organismos extranjeros.
El dictamen fue aprobado con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, y ahora debe recibir el visto bueno del Senado para su ratificación definitiva.
Durante la discusión, la iniciativa impulsada por el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien propuso que la injerencia extranjera sea considerada causal de nulidad cuando sea grave, dolosa y determinante para el resultado electoral, enfrentó resistencia por parte de la oposición. Algunos legisladores manifestaron preocupación de que esta reforma pudiera ser utilizada como una herramienta política en caso de una eventual derrota electoral de Morena en los próximos comicios.
En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma, señalando que en ocasiones anteriores se han registrado financiamientos provenientes del extranjero hacia candidatos y organizaciones en México. Subrayó la importancia de que quede claro que «en México decidimos los mexicanos», en referencia a la posible intervención extranjera en las elecciones.
Asimismo, en la misma sesión del jueves 28 de mayo, las y los diputados aprobaron en lo general un dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de fortalecer la integridad en las candidaturas.
Cabe destacar que el Congreso mexicano inició esta semana un período de sesiones extraordinarias para debatir cuatro iniciativas, las cuales deben ser aprobadas antes de que concluya mayo. Esto es fundamental para cumplir con el plazo de 90 días previo al inicio del calendario electoral para los comicios de 2027, en los que se elegirán más de la mitad de los gobernadores del país, 500 diputados y otros cargos locales.
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