El Partido Acción Nacional (PAN) anunció la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la estrategia de seguridad implementada durante su administración, que abarcó de 2018 a 2024.
En un comunicado difundido el domingo 7 de junio, el PAN argumentó que la violencia registrada en México durante esos años no puede explicarse únicamente por la acción de las organizaciones criminales, sino que se debe a una presunta colaboración permisiva y sistematizada del Estado mexicano con dichos grupos. La denuncia menciona más de 200 mil víctimas de homicidio y más de 150 mil personas desaparecidas durante el sexenio anterior.
El partido encabezado por Jorge Romero Herrera señaló que la investigación no debe quedar en manos de las autoridades federales, debido a que estas pertenecen al partido fundado y liderado moralmente por López Obrador. Además, el PAN acusó que la política de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, a la que calificó como un “narcopacto”, favoreció la expansión territorial, económica y política de los grupos criminales, debilitando la capacidad del Estado para enfrentar la violencia.
En respuesta, durante la conferencia matutina de este lunes 8 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la denuncia como una muestra de hipocresía por parte del PAN. Señaló que el partido carece de credibilidad para acusar a otros de vínculos con el narcotráfico y recordó el historial en materia de seguridad durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. “No se puede ser más hipócrita. A lo mejor quieren expiar sus culpas”, afirmó Sheinbaum, quien también aseguró que la acción “no cala” en la opinión pública.
Este intercambio refleja la persistente polarización en torno a las políticas de seguridad en México y la búsqueda de responsabilidades por los altos índices de violencia que afectan al país. En este contexto, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de justicia y seguridad para proteger a las familias mexicanas y garantizar el orden social.

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