El martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó, en una decisión dividida de 6-3, las leyes estatales que prohíben la participación de atletas transgénero en deportes femeninos escolares. Este fallo representa un revés significativo para los derechos de las personas LGBTQ+ y afecta directamente a las legislaciones de West Virginia e Idaho.
La controversia surgió a partir de dos casos presentados por estudiantes transgénero: Becky Pepper-Jackson, de 16 años y estudiante de segundo año de preparatoria en West Virginia, y Lindsay Hecox, de 25 años y universitaria en Idaho. Ambas impugnaron las leyes restrictivas de sus respectivos estados, que impiden a personas asignadas como hombres al nacer competir en categorías femeninas. Pepper-Jackson ha recibido tratamientos hormonales y ha participado en pruebas femeninas de campo traviesa, lanzamiento de bala y disco, mientras que Hecox ha intentado integrarse a equipos femeninos universitarios sin éxito y actualmente compite en ligas recreativas.
El juez Brett Kavanaugh, autor de la opinión mayoritaria, sostuvo que estas leyes no violan ni la 14.ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la igualdad ante la ley, ni el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, que prohíbe la discriminación por sexo en la educación. En su escrito, Kavanaugh afirmó que “la Constitución y el Título IX no exigen una transformación de los deportes femeninos y para niñas en todo Estados Unidos”. Asimismo, expresó respeto hacia las niñas y mujeres transgénero que desean practicar deportes, señalando que “su deseo de competir merece respeto” y que no deben ser “marginadas ni vilificadas”.
Aunque el fallo se limita a West Virginia e Idaho, se anticipa que tendrá repercusiones en al menos otros 25 estados con prohibiciones similares. La ley de West Virginia, promulgada en 2021, define el sexo “basado exclusivamente en la biología reproductiva y la genética al nacer”, mientras que la ley de Idaho, aprobada en 2020, establece que los deportes femeninos no deben estar abiertos a estudiantes del sexo masculino.
Este pronunciamiento se suma a una serie de decisiones recientes de la Corte Suprema, cuya mayoría conservadora es de 6-3, que han restringido derechos relacionados con la identidad de género. El año pasado, el tribunal respaldó leyes que prohíben tratamientos de transición para menores transgénero y permitió mantener políticas federales que limitan la participación de personas transgénero en las Fuerzas Armadas y en documentos oficiales. En contraste, en 2020 la Corte reconoció que la Ley de Derechos Civiles protege contra la discriminación laboral por identidad de género y orientación sexual, aunque esa decisión parece ser la excepción en la actual tendencia judicial.
Cabe destacar que el Comité Olímpico Internacional anunció en marzo que las mujeres transgénero ya no podrán competir en categorías femeninas en los Juegos Olímpicos, y organizaciones como la NCAA han impuesto restricciones similares. Estas medidas buscan preservar la equidad en las competencias deportivas femeninas, un principio que resuena con la defensa del orden y la justicia en el ámbito deportivo.
En un contexto donde el debate sobre los derechos y la identidad de género continúa siendo complejo, esta resolución de la Corte Suprema reafirma la importancia de respetar las diferencias biológicas en el deporte escolar, sin dejar de reconocer la dignidad de todas las personas involucradas.
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