El ex regidor de Morena y ex asesor legislativo, Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, fue arrestado por la Secretaría de Seguridad del municipio de Guanajuato tras ser acusado de agredir físicamente a su esposa, Celia Carolina Valadez Beltrán, quien actualmente se desempeña como regidora morenista en el ayuntamiento de esa ciudad.
Los hechos ocurrieron en la colonia La Venada, en la placita, donde se recibió un reporte sobre un hombre que estaba golpeando a su esposa dentro de un vehículo. Al llegar al lugar, los oficiales escucharon a un menor de edad gritar que su padre estaba agrediendo a su madre. Además, alrededor de diez personas se congregaron y señalaron a Aguayo Arredondo como responsable de la agresión frente al niño.
Las autoridades solicitaron a la pareja que descendiera del automóvil. La regidora manifestó que no requería atención médica, mientras que el ex regidor se mostró agresivo e intentó agredir a los oficiales, por lo que fue detenido. Posteriormente, Celia Carolina y el menor fueron trasladados al área de trabajo social para ser canalizados ante el Ministerio Público.
Este incidente se suma al historial polémico de Aguayo Arredondo, quien en marzo de 2025 fue objeto de un exhorto del Congreso de Guanajuato dirigido al Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar su candidatura a magistrado por el Décimo Sexto Circuito. Esto debido a que fue juzgado por un fraude por 237 mil pesos en perjuicio del Poder Legislativo.
Durante la legislatura 2015-2018, Aguayo fungió como asesor del primer diputado de Morena en Guanajuato, Alejandro Landeros, y aprovechó su posición para obtener recursos públicos mediante facturas y firmas falsas. Según denunciaron diputados del PAN, creó empresas fantasma y registró ilegalmente a ex compañeros universitarios para emitir facturas falsas y desviar fondos del Congreso estatal.
Además, se informó que intentó sobornar al Congreso local con 50 mil pesos para evitar consecuencias legales, oferta que fue rechazada. El juicio en su contra concluyó el 16 de marzo de 2022, cuando firmó un acuerdo reparatorio para devolver 273 mil pesos al Congreso mediante cuatro pagos escalonados.
Este nuevo episodio pone en evidencia la necesidad de mantener el orden y la autoridad en la función pública, así como la importancia de proteger a las familias y garantizar la seguridad de los menores en situaciones de violencia doméstica.
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