En la Barranca de Santa Rita, en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, fue localizada una fosa clandestina que contiene los restos de al menos 375 personas, según estimaciones del colectivo «Buscando Cuerpos». Esta cifra se basa en el conteo de huesos sacros, una pieza ósea única por individuo, que permite realizar un recuento más preciso ante la fragmentación de los restos.
Margarita López Pérez, activista, madre buscadora y exlegisladora local, informó que las labores de excavación en el predio conocido como «La Parotita» han revelado una crisis forense de gran magnitud. Además de los huesos sacros, en las jornadas más recientes se han encontrado mandíbulas y fragmentos craneales pertenecientes a menores de hasta tres años de edad, lo que evidencia la presencia de víctimas infantiles.
El colectivo, que ha trabajado en la zona durante varios años, también documentó indicios biológicos recientes, como fragmentos de tejido con cabello aún conservado. Todo el material genético recuperado es enviado a laboratorios especializados en la Ciudad de México para su análisis y la confronta de perfiles de ADN con familiares de personas desaparecidas.
López Pérez adelantó que, debido a la densidad de restos humanos en la barranca, las labores de recuperación, cribado y análisis forense podrían prolongarse por al menos tres años más. Asimismo, criticó al presidente municipal sustituto de Tacámbaro, Alejandro Fuerte García, por la falta de un esquema de seguridad y resguardo permanente en el perímetro de la fosa, lo que pone en riesgo la integridad de la escena entre cada jornada de búsqueda.
En el ámbito institucional, la activista lamentó que Michoacán siga siendo una de las pocas entidades federativas sin una legislación específica para la búsqueda de personas desaparecidas. Durante su gestión como diputada local, López Pérez impulsó y logró la aprobación de un dictamen de Ley de Búsqueda, basado en la Ley General federal y consensuado con organizaciones civiles. Sin embargo, esta normativa fue vetada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, decisión que la exlegisladora atribuye a motivos políticos y no técnicos, ya que se atendieron las observaciones planteadas.
Las familias buscadoras señalan que la ausencia de un marco normativo local dificulta sus labores en dos aspectos fundamentales: limita el acceso a apoyos logísticos y operativos cuando identifican nuevas zonas con posibles indicios biológicos, y no existen mecanismos legales para sancionar a funcionarios que obstaculizan o dilatan las investigaciones y trabajos de campo.
Este hallazgo pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, así como de apoyar a las familias que buscan a sus seres queridos con respeto y orden, valores esenciales para la convivencia social.
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