La Fiscalía General del Estado de Oaxaca enfrenta señalamientos tras confirmarse que vehículos asegurados por denuncias de robo han sido entregados a funcionarios públicos para su uso oficial. Este lunes 13 de julio, el gobernador Salomón Jara Cruz reconoció públicamente que ha solicitado a la fiscalía estatal la entrega de unidades decomisadas o en calidad de depositarias para que sean utilizadas por autoridades municipales.
Según las autoridades estatales, algunas de estas unidades permanecían abandonadas hasta por diez años y, tras ser reparadas por los ayuntamientos, ahora cumplen funciones de transporte oficial. Sin embargo, esta práctica ha generado controversia y cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia en la asignación de estos vehículos.
El conflicto se intensificó durante el fin de semana, cuando un usuario de redes sociales localizó mediante rastreo GPS un automóvil que había sido retenido semanas atrás por la Agencia Estatal de Investigaciones. Este vehículo, que anteriormente operaba como taxi foráneo, fue encontrado con modificaciones en su carrocería y en posesión de un comisionado municipal. A pesar de la presencia de agentes de la fiscalía, se permitió al funcionario retirarse tras mostrar un documento que lo acreditaba como depositario, lo que provocó indignación entre ciudadanos afectados.
Los denunciantes sostienen que este caso no es aislado, sino parte de un esquema sistemático dentro de la dependencia. Por ello, preparan expedientes para presentar una queja formal ante la Fiscalía General de la República, con el fin de que se investigue a los funcionarios involucrados. En respuesta, la fiscalía local ha iniciado procedimientos internos a través de su Contraloría y Visitaduría General para esclarecer las irregularidades denunciadas.
Durante su conferencia semanal, el gobernador Jara Cruz defendió la entrega de estos vehículos argumentando que los ayuntamientos carecen de recursos para adquirir transporte nuevo. Explicó que, ante las solicitudes de diversos presidentes municipales, ha gestionado con el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla la entrega de estas unidades. No obstante, esta explicación no ha logrado disipar las dudas sobre la transparencia del proceso.
Mientras el gobierno estatal sostiene que se aprovechan recursos que estaban en abandono, la ciudadanía demanda mayor claridad sobre el destino de los bienes asegurados. El caso permanece bajo escrutinio público y podría ser atraído por autoridades federales si se comprueba la existencia de una red de corrupción en el manejo de propiedad privada decomisada.
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