El Tecnológico de Monterrey Campus Puebla extendió una invitación a Rafael N., identificado por la Fiscalía General del Estado como el presunto responsable de los ataques armados en la Vía Atlixcáyotl, para integrarse al Consejo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Esta invitación, fechada el 18 de junio de 2026, fue firmada por la directora general del campus, Viviana Ortiz Meillón, y por el director de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, Jorge Antonil Reyes Avendaño.
En el documento, la institución reconocía la “destacada trayectoria, liderazgo y contribución en el sector” de Rafael N., justificando su incorporación al órgano consultivo encargado de fortalecer la vinculación entre la academia y el sector productivo. Se señalaba que su participación sería “clave” para fortalecer la relación estratégica entre la universidad y el entorno empresarial, además de contribuir a definir objetivos y metas para el siguiente ciclo de trabajo.
Sin embargo, semanas después de emitida la invitación, esta ya no se encuentra disponible en las plataformas oficiales ni en los canales de comunicación institucional del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Hasta el momento, la universidad no ha emitido un posicionamiento público para aclarar si Rafael N. llegó a incorporarse formalmente al consejo o si el proceso quedó sin efectos tras su detención.
La aparición de este documento se da apenas un día después de que la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla eliminara de sus redes sociales publicaciones en las que aparecía Rafael N. junto al rector Raymundo Atanacio Luna durante la firma de un convenio de colaboración, y anunciara que analizaba rescindir dicho acuerdo.
Rafael N. fue capturado la madrugada del martes 14 de julio de 2026 en un operativo realizado en el residencial Santa Fe, en San Andrés Cholula. La Fiscalía General del Estado lo señala como el presunto responsable de los ataques registrados en la Vía Atlixcáyotl y confirmó que enfrentará una imputación por tentativa de homicidio, tras presuntamente disparar contra agentes ministeriales y elementos federales que ejecutaban la orden de aprehensión.
Este caso pone en evidencia la necesidad de un riguroso escrutinio en la selección de colaboradores y consejeros en instituciones educativas, especialmente cuando se trata de fortalecer vínculos con el sector productivo y empresarial, pilares fundamentales para el desarrollo ordenado y responsable de la sociedad.
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