La Fiscal\u00eda General del Estado de Oaxaca enfrenta se\u00f1alamientos tras confirmarse que veh\u00edculos asegurados por denuncias de robo han sido entregados a funcionarios p\u00fablicos para su uso oficial. Este lunes 13 de julio, el gobernador Salom\u00f3n Jara Cruz reconoci\u00f3 p\u00fablicamente que ha solicitado a la fiscal\u00eda estatal la entrega de unidades decomisadas o en calidad de depositarias para que sean utilizadas por autoridades municipales.<\/p>\n
Seg\u00fan las autoridades estatales, algunas de estas unidades permanec\u00edan abandonadas hasta por diez a\u00f1os y, tras ser reparadas por los ayuntamientos, ahora cumplen funciones de transporte oficial. Sin embargo, esta pr\u00e1ctica ha generado controversia y cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia en la asignaci\u00f3n de estos veh\u00edculos.<\/p>\n
El conflicto se intensific\u00f3 durante el fin de semana, cuando un usuario de redes sociales localiz\u00f3 mediante rastreo GPS un autom\u00f3vil que hab\u00eda sido retenido semanas atr\u00e1s por la Agencia Estatal de Investigaciones. Este veh\u00edculo, que anteriormente operaba como taxi for\u00e1neo, fue encontrado con modificaciones en su carrocer\u00eda y en posesi\u00f3n de un comisionado municipal. A pesar de la presencia de agentes de la fiscal\u00eda, se permiti\u00f3 al funcionario retirarse tras mostrar un documento que lo acreditaba como depositario, lo que provoc\u00f3 indignaci\u00f3n entre ciudadanos afectados.<\/p>\n
Los denunciantes sostienen que este caso no es aislado, sino parte de un esquema sistem\u00e1tico dentro de la dependencia. Por ello, preparan expedientes para presentar una queja formal ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, con el fin de que se investigue a los funcionarios involucrados. En respuesta, la fiscal\u00eda local ha iniciado procedimientos internos a trav\u00e9s de su Contralor\u00eda y Visitadur\u00eda General para esclarecer las irregularidades denunciadas.<\/p>\n
Durante su conferencia semanal, el gobernador Jara Cruz defendi\u00f3 la entrega de estos veh\u00edculos argumentando que los ayuntamientos carecen de recursos para adquirir transporte nuevo. Explic\u00f3 que, ante las solicitudes de diversos presidentes municipales, ha gestionado con el fiscal Bernardo Rodr\u00edguez Alamilla la entrega de estas unidades. No obstante, esta explicaci\u00f3n no ha logrado disipar las dudas sobre la transparencia del proceso.<\/p>\n
Mientras el gobierno estatal sostiene que se aprovechan recursos que estaban en abandono, la ciudadan\u00eda demanda mayor claridad sobre el destino de los bienes asegurados. El caso permanece bajo escrutinio p\u00fablico y podr\u00eda ser atra\u00eddo por autoridades federales si se comprueba la existencia de una red de corrupci\u00f3n en el manejo de propiedad privada decomisada.<\/p>\n