La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene vigente una orden de aprehensión contra Francisco “N”, conocido como Paco Pachangas, profesor de la preparatoria La Salle campus Benjamín Franklin, investigado por el delito de abuso sexual calificado en agravio de alumnos adolescentes.
El expediente, identificado con la carpeta de investigación CI-FIDCANNA/E/UI-E-11/00518/11-2024, señala que el docente, con más de 30 años de trayectoria en la institución, es acusado de presuntos abusos ocurridos en distintos momentos, tanto dentro como fuera del entorno escolar, en espacios vinculados a la congregación lasallista.
De acuerdo con las indagatorias, Francisco “N” también desempeñaba funciones de acompañamiento para estudiantes con problemáticas familiares, lo que le permitía establecer contacto cercano con alumnos fuera del plantel bajo el argumento de actividades de apoyo y orientación. Esta cercanía facilitó, según la investigación, la comisión de los actos denunciados.
Uno de los casos documentados ocurrió en abril de 2009, cuando un estudiante de 16 años fue trasladado desde el campus ubicado en la colonia Condesa hacia una de las denominadas Casas de los hermanos lasallistas, inmuebles utilizados por la congregación como espacios recreativos y de convivencia.
En su declaración ministerial, el alumno relató que el traslado se realizó en un vehículo particular y que, al llegar al inmueble, el profesor le mostró distintas áreas antes de conducirlo a una habitación, donde ocurrieron actos de carácter sexual. Posteriormente, el estudiante regresó al plantel acompañado por el docente, quien habría hecho comentarios sobre la posibilidad de influir en sus calificaciones, elemento que forma parte de la carpeta de investigación.
Además, el expediente señala que el profesor mantuvo contacto posterior con el alumno a través de medios electrónicos y que otros estudiantes habrían identificado conductas y mensajes inapropiados en redes sociales.
La denuncia presentada ante la Fiscalía sostiene que este caso no habría sido un hecho aislado. El denunciante manifestó que con el paso de los años conoció a otros exalumnos que compartieron experiencias similares relacionadas con el docente.
Estos señalamientos, que deberán ser corroborados por las autoridades, forman parte del contexto analizado por el Ministerio Público para determinar el alcance de las acusaciones y establecer si existen más personas afectadas.
Los testimonios incorporados a la carpeta también refieren que los comentarios sobre el comportamiento del profesor circularon entre estudiantes de distintas generaciones. La Fiscalía deberá esclarecer si existen denuncias adicionales o personas que aporten información relacionada con los hechos investigados.
De acuerdo con las declaraciones, algunos alumnos reportaron que las conductas atribuidas al profesor eran conocidas dentro de la comunidad escolar, aunque no se habrían activado medidas inmediatas por parte de las autoridades institucionales en ese momento.
Asimismo, algunos estudiantes buscaron apoyo de personal escolar tras conocer o experimentar situaciones relacionadas con el profesor. Los testimonios indican que directivos y responsables de atención estudiantil fueron informados de diversos señalamientos, aunque los denunciantes consideran que las acciones adoptadas resultaron insuficientes.
Uno de los aspectos que la Fiscalía deberá esclarecer es qué información conocieron las autoridades del plantel y cuáles fueron las medidas implementadas tras recibir reportes sobre la conducta atribuida al docente. Hasta el momento no existe una determinación judicial sobre una posible responsabilidad institucional.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y vigilancia en las instituciones educativas, para garantizar un ambiente seguro y respetuoso para los jóvenes, valor fundamental para la formación integral y el bienestar de las familias.
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