La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el jueves 10 de junio iniciar un juicio político contra Samuel García, gobernador de la entidad, por la presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con sus familiares.
La solicitud para este procedimiento fue promovida por la bancada de Morena desde el 8 de junio y, dos días después, el Congreso local decidió dar trámite al caso contra el mandatario estatal.
Cabe señalar que en la sesión de la Comisión Anticorrupción no estuvieron presentes todos los diputados de Morena; sin embargo, esto no impidió la discusión y votación del asunto.
Tras la decisión mayoritaria, Samuel García será notificado oficialmente y contará con un plazo para responder. Podrá comparecer ante el Poder Legislativo local por escrito o de manera presencial, conforme a lo establecido en el procedimiento. El gobernador tendrá 15 días hábiles para rendir su declaración ante el Congreso.
Este proceso se da en el contexto de una investigación más amplia que la Fiscalía General de la República (FGR) inició en abril, en la que se indaga un presunto esquema financiero para desviar recursos públicos y lavar más de mil millones de pesos.
Las pesquisas señalan que el gobernador habría utilizado un modelo de triangulación de fondos gubernamentales para beneficiar directamente a su círculo familiar. A través de diversas empresas, organismos públicos y proyectos de infraestructura, se habría favorecido al despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son familiares de Samuel García: su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.
De acuerdo con la investigación, el gobierno estatal canalizó recursos públicos mediante diversos mecanismos financieros que terminaban en las cuentas del despacho familiar. Posteriormente, los recursos eran distribuidos a otras empresas, principalmente a la compañía “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que presuntamente recibió transferencias por más de mil millones de pesos.
Finalmente, los fondos de esta empresa inmobiliaria fueron enviados a distintas jurisdicciones fuera del país, incluso a cuentas en Estados Unidos, con el supuesto objetivo de dificultar el rastreo financiero y ocultar el origen público de los recursos.
Samuel García ha rechazado categóricamente las acusaciones. Tras la publicación de la investigación, calificó los señalamientos como un “refrito” y aseguró que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya investigó estos hechos y emitió una resolución de no ejercicio de la acción penal.
En sus redes sociales, el gobernador afirmó: “Por tanto, son falsos todos los señalamientos (…). La Fiscalía (estatal) emitió una resolución definitiva de no ejercicio de acción penal, pues después de analizar las pruebas, determinó que no existe irregularidad”.
Este proceso judicial y político se desarrolla en un momento en que la autoridad estatal debe mantener la confianza pública y la transparencia en el manejo de los recursos, pilares fundamentales para el orden y la estabilidad que la sociedad demanda.
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