El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva bajo el título “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, la cual establece nuevas obligaciones de supervisión para bancos y entidades financieras que operan en el país. Esta medida, aunque no menciona explícitamente la palabra “remesas”, está orientada a ejercer mayor control sobre el dinero que millones de migrantes mexicanos envían a sus familias cada mes.
La orden ejecutiva, fechada el 19 de mayo de 2026, instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en un plazo de 60 días, nuevas directrices para las instituciones financieras. El foco principal es la vigilancia de transferencias internacionales de bajo monto, las cuales han sido identificadas como posibles canales para actividades ilícitas. Además, se pone atención especial al uso de plataformas de pago entre particulares y procesadores de pagos de terceros, así como a los patrones de retiros o depósitos repetitivos en montos pequeños, una práctica conocida como “estructuración”.
Uno de los cambios más relevantes es el reforzamiento de los programas de identificación de clientes. Los bancos tendrán ahora la facultad de solicitar información adicional, incluyendo el estatus migratorio de los cuentahabientes, cuando existan señales de riesgo. En este sentido, la orden destaca la importancia de revisar el uso del ITIN (número de identificación fiscal individual), documento utilizado por miles de migrantes indocumentados para abrir cuentas bancarias y enviar dinero al extranjero. La disposición señala que el uso del ITIN puede considerarse un factor de riesgo, lo que podría obligar a los bancos a realizar controles más estrictos y, en ciertos casos, dificultar o rechazar las transferencias.
México, que en 2025 recibió más de 64 mil millones de dólares en remesas —principalmente desde Estados Unidos, según datos del Banco de México—, se verá directamente afectado por estas nuevas reglas. Aunque la orden ejecutiva no prohíbe el envío de remesas, sí crea condiciones para que los bancos exijan mayor documentación y eleven la vigilancia sobre los migrantes que no cuenten con un estatus legal regular. Esta situación impacta de manera particular a quienes dependen de estos recursos para el sustento de sus familias en México.
En los próximos dos meses, reguladores como la Reserva Federal y la FDIC deberán detallar las guías para la gestión de riesgos crediticios relacionados con la población migrante sin autorización de trabajo. Esto podría traducirse también en mayores dificultades para el acceso a créditos hipotecarios y préstamos para migrantes mexicanos en territorio estadounidense.
Las decisiones tomadas por la administración Trump, en coherencia con los valores de orden y seguridad, buscan fortalecer el sistema financiero nacional. Sin embargo, la medida representa un desafío considerable para miles de familias mexicanas y para quienes, desde Estados Unidos, apoyan a sus seres queridos en el país vecino.
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