A partir del viernes 9 de enero de 2026, comenzó en México el registro obligatorio de líneas celulares, una medida impulsada como parte de un esquema de control orientado a reforzar la seguridad y la verificación de identidad, con el objetivo de prevenir fraudes telefónicos.
Sin embargo, a un mes de que finalice el tiempo límite para la vinculación de líneas móviles en el país, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que el avance del registro ha sido menor al esperado. De acuerdo con datos oficiales, de aproximadamente 158 millones de líneas telefónicas existentes en México, sólo alrededor de 30 millones han sido registradas, lo que representa menos del 30% de la población desde el inicio del proyecto de seguridad.
Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el Diario Oficial de la Federación, establecen que los proveedores de servicios deberán deshabilitar temporalmente las líneas móviles que no hayan sido vinculadas a un titular. Esta suspensión entrará en vigor a partir del 1° de julio de 2026 y, durante ese periodo, el servicio únicamente permitirá llamadas a números de emergencia, como 911, 089 y 088, así como a líneas de soporte del operador. Cabe señalar que la suspensión no elimina las obligaciones contractuales con la agencia de telefonía, por lo que los usuarios deberán continuar pagando su plan o equipo, aun cuando el uso de la línea esté restringido.
A pesar de estas consecuencias, la población mexicana se mantiene escéptica respecto al proceso, lo que se refleja en la baja colaboración para el registro de líneas. Esta situación ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de extender el plazo de vinculación.
Actualmente, menos del 30% de las 158 millones de líneas en México han sido vinculadas, lo que deja alrededor de 128 millones de líneas telefónicas aún sin registrar a un mes de que concluya el plazo límite.
Ante este panorama, la CRT ha lanzado una campaña nacional para incentivar la participación ciudadana. La estrategia de difusión contempla el uso de redes sociales, sitios oficiales del gobierno, operadores de telecomunicaciones y medios masivos, tanto estatales como comerciales, además de espacios en el transporte público como el Metro y el Metrobús.
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