El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo el miércoles 3 de junio de 2026 en Los Ángeles, California, a Enrique Martínez Chávez, militar vinculado a la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014. La información fue confirmada este jueves 4 de junio mediante un comunicado difundido en redes sociales por la propia dependencia estadounidense.
Martínez Chávez, de 32 años, está acusado en México por el presunto delito de desaparición forzada de personas y se encontraba prófugo de la justicia desde hace varios años. ICE informó que el detenido permanecerá bajo su custodia hasta que pueda ser deportado a México para enfrentar los cargos correspondientes.
El exmilitar formaba parte del 27 Batallón de Infantería y aún pertenecía a las fuerzas armadas la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, un hecho que conmocionó a la sociedad mexicana y generó un amplio descontento social. El caso, conocido como Ayotzinapa, sigue siendo objeto de investigación y permanece envuelto en incertidumbre, con diversas teorías que apuntan a la participación del grupo criminal Guerreros Unidos.
En agosto de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 83 órdenes de detención contra personas vinculadas al caso, entre ellas la de Enrique Martínez Chávez. Sin embargo, un mes después, en septiembre, la FGR canceló al menos 21 de estas órdenes, incluyendo la de Martínez Chávez, según documentos obtenidos por EL PAÍS. En dichos documentos, 16 militares aparecen acusados de delincuencia organizada, y todos, salvo uno, también enfrentan cargos por desaparición forzada.
Este episodio evidenció un conflicto interno entre la Fiscalía y la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), que se encarga de la investigación. Fuentes cercanas indicaron que la solicitud de cancelar las órdenes de captura no provino de esta unidad especializada.
Doce años después de los hechos, el caso Ayotzinapa continúa siendo un tema sensible y pendiente en México. Hace tres meses, un juez ordenó a la Secretaría de Defensa entregar toda la información recabada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) relacionada con el caso, tras una demanda presentada en 2023 por familiares de los estudiantes desaparecidos. Esta acción responde a la negativa de las autoridades militares a proporcionar la documentación completa, reflejando el lento avance en la investigación.
Este acontecimiento subraya la importancia de la autoridad y el orden en la búsqueda de justicia, así como la necesidad de que las instituciones cumplan con su responsabilidad para esclarecer uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de México.
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