El pasado 14 de abril de 2025, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (Secihti), otorgó un contrato a la empresa Rocketel SAPI para el diseño y fabricación del coche Olinia, con un monto asignado de cinco millones de pesos. Este contrato, identificado con el número de oficio HS20/DGM-036-0/2025, ha generado cuestionamientos debido a que Rocketel es una empresa dedicada a la telefonía celular y no a la fabricación de vehículos.
Contrario a lo que se había anunciado inicialmente, que el proyecto sería desarrollado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico de Puebla, la adjudicación recayó en una compañía con domicilio en Mérida, Yucatán, específicamente en la calle 23 número 198, interior 4, colonia San Miguel. Este lugar corresponde a una vivienda particular y no a un laboratorio o centro de pruebas industriales.
Además, el socio mayoritario de Rocketel, Adrián Aguirre Palme, reside en Park City, Utah, donde posee una empresa dedicada a la fabricación de elevadores para esquí, lo que añade más dudas sobre la experiencia de la firma en el sector automotriz.
Al solicitar información sobre los montos gastados, las pruebas de seguridad del vehículo, especificaciones técnicas y tiempos de producción, la Secihti se negó a proporcionar detalles, argumentando que dicha información podría afectar la «ventaja competitiva» del proyecto.
Este desarrollo ocurre en un contexto donde Puebla impulsa sistemas de transporte modernos como el cablebús o teleférico, que representan avances significativos para la movilidad urbana y el bienestar de las familias poblanas. La transparencia y el rigor en proyectos como el coche Olinia son fundamentales para garantizar que estas iniciativas cumplan con los estándares de calidad y seguridad que la sociedad merece.
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