El Gobierno del Estado de Puebla informó este lunes 15 de junio de 2026 que 152 policías municipales de San Andrés Cholula operan sin contar con la acreditación requerida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, confirmó esta irregularidad y exhortó al Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa panista Guadalupe Cuautle Torres, a regularizar la situación a la brevedad. Aguilar Pala destacó que los elementos deben cumplir con los procesos de certificación, evaluación y acreditación establecidos por las autoridades nacionales, mecanismos que garantizan la capacitación y los controles de confianza necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones.
“Es un tema que debe solventarse”, señaló el funcionario al referirse a los policías que actualmente operan sin la acreditación correspondiente.
Esta situación se agrava en medio de la polémica generada por la detención de Ariana N, una madre de familia que fue sometida por policías municipales de San Andrés Cholula el pasado 11 de junio en inmediaciones del Parque Intermunicipal de Cholula.
El secretario de Gobernación hizo un llamado enérgico al gobierno municipal para respetar los protocolos de actuación policial y de detención de personas. Aguilar Pala advirtió que durante el procedimiento se vulneró la integridad de la mujer y de sus dos hijos menores de edad, quienes estuvieron presentes durante la intervención que posteriormente se viralizó en redes sociales.
Las imágenes difundidas provocaron una fuerte reacción ciudadana, pues muestran a la mujer sometida por varios elementos mientras los menores lloran e intentan acercarse a ella.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió una queja de oficio con carácter urgente contra cinco policías municipales y calificó preliminarmente la detención como arbitraria.
Ante este escenario, el Gobierno estatal solicitó al Ayuntamiento de San Andrés Cholula reforzar la capacitación de sus elementos y garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos para el uso de la fuerza, especialmente en situaciones donde haya menores involucrados.
La revisión a la corporación municipal y los cuestionamientos sobre la actuación policial colocan a la administración de Guadalupe Cuautle bajo presión, mientras avanzan las investigaciones de derechos humanos y el proceso para regularizar a los policías sin acreditación.
Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido una postura detallada respecto a los señalamientos realizados por la Secretaría de Gobernación estatal.

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