CNTE y Gobierno federal acuerdan entrega de 800 millones de pesos para Oaxaca; levantan plantón en el Centro Histórico de la CDMX

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CNTE y Gobierno federal acuerdan entrega de 800 millones de pesos para Oaxaca; levantan plantón en el Centro Histórico de la CDMX

Después de más de tres semanas de protestas, bloqueos y movilizaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y autoridades federales lograron avances significativos en las negociaciones para atender demandas del magisterio.

El pasado 17 de junio, se firmó una minuta entre representantes del Gobierno federal y estatal que establece la entrega de recursos económicos por un monto aproximado de 800 millones de pesos para el sistema educativo de Oaxaca, equivalente a la bolsa otorgada durante el ciclo escolar 2025-2026. Este acuerdo busca atender necesidades educativas y reducir el rezago en la entidad.

El documento fue suscrito por Mario Delgado, secretario de Educación Pública; Salomón Jara, gobernador de Oaxaca; y Emilio Montero, titular del sector educativo estatal. Además del respaldo presupuestal, se acordó la instalación de mesas de trabajo tripartitas para abordar temas pendientes como la operación del sistema educativo, reparación de daños, asuntos de justicia, seguridad social y demandas administrativas del magisterio.

Estas acciones reflejan un compromiso serio y ordenado para resolver las problemáticas educativas en Oaxaca, en un marco de diálogo y respeto a la autoridad.

Como resultado inmediato de estos acuerdos, integrantes de la Sección 22 de la CNTE comenzaron a retirar este sábado 20 de junio las estructuras y campamentos que mantenían instalados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, poniendo fin a un plantón que afectaba la movilidad y el orden en la capital.

Mientras tanto, las negociaciones continúan con otras secciones sindicales en Guerrero, Ciudad de México y Chiapas, en busca de soluciones similares que garanticen la estabilidad educativa y social.

Este avance es un ejemplo de cómo el diálogo institucional y la responsabilidad compartida pueden contribuir a la mejora del sistema educativo, sin sacrificar el orden público ni la autoridad del Estado. En este contexto, el fortalecimiento de la infraestructura y los recursos para la educación es fundamental para el desarrollo armónico de las comunidades, en especial en regiones con rezagos históricos.

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