El alcalde de San Rafael, Veracruz, Gil Armando Méndez Grappin, enfrenta señalamientos por presuntamente haber ocultado a su sobrino, Ricardo R. S., acusado del feminicidio de Andrea Maylín Chino Ramos en Yautepec, Morelos.
De acuerdo con la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, el edil, quien pertenece al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también habría protegido en San Rafael a los padres del presunto feminicida, Viola S. y Ricardo R. C., quienes fueron detenidos el 17 de junio de 2026. Viola S. fue aprehendida en San Rafael, mientras que Ricardo R. C. fue capturado en el Estado de México.
La agrupación feminista denunció públicamente que el alcalde utilizó su influencia para amparar a sus familiares, calificando esta conducta como una complicidad grave en un delito tan grave como el feminicidio.
El caso se remonta al 20 de junio de 2025, cuando Andrea Maylín, de 22 años, desapareció en Yautepec tras salir con Ricardo R. S. Tres días después, el joven se comunicó con la familia de la víctima alegando desconocer su paradero. El cuerpo de Andrea fue encontrado el 30 de julio de 2025 en un predio cercano al domicilio de la familia de Ricardo, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Desde entonces, Ricardo R. S. permanece prófugo, presuntamente con apoyo de sus padres, quienes hasta ahora son los únicos detenidos. La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda en septiembre de 2025, sin que se haya logrado la captura del principal acusado.
La detención de los padres fue posible gracias a la Ley Monse, aprobada inicialmente en Morelos y posteriormente en Veracruz el 28 de octubre de 2025. Esta legislación elimina la «excusa absolutoria» que permitía a familiares encubrir delitos graves como feminicidio, violación o pederastia bajo el argumento de lazos sanguíneos o afectivos.
Según Aruzy Unda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar, el alcalde Méndez Grappin podría ser objeto de investigación por parte de las autoridades debido a su presunta participación en el encubrimiento posterior a la aprobación de esta ley.
Este caso pone en evidencia la importancia de la aplicación rigurosa de la ley y la responsabilidad de los servidores públicos en la protección de la justicia y la seguridad de las familias, valores fundamentales para el orden social.
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