La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHE) inició una investigación por actos de tortura cometidos presuntamente por elementos de la policía municipal de Coquimatlán contra un detenido.
Los hechos se dieron a conocer a través de un video difundido por la página “Alerta Coquimatlán”, en el que se observa a una persona con las manos atadas a la espalda mientras dos policías realizan prácticas que han sido calificadas como tortura.
La CDHE confirmó la autenticidad del material audiovisual y levantó la queja CDHE/1V/139/2026, la cual fue notificada formalmente al Ayuntamiento de Coquimatlán. Este último tiene un plazo de 24 horas, es decir, hasta este viernes 26 de junio de 2026, para presentar un informe detallado sobre lo ocurrido.
En un comunicado, la Comisión expresó: “Hemos iniciado las investigaciones administrativas y presentaremos las denuncias correspondientes. La tortura es una práctica repugnante que debe combatirse con firmeza, sancionarse a los responsables y erradicarse de la función pública. No hay espacio para la tortura en un estado que se precie de ser democrático y no debe haber espacio en la función pública para torturadores”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Coquimatlán emitió un posicionamiento público en sus redes sociales, en el que aseguró que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que aparecen en el video serán investigados y enfrentarán las consecuencias jurídicas y administrativas correspondientes.
“En esta administración no seremos omisos ante ninguna conducta que pudiera contravenir la ley, los reglamentos o los principios que deben regir el servicio público. Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad, transparencia y estricto apego al marco legal”, afirmó el Ayuntamiento.
Asimismo, adelantó que “actuaremos con firmeza, respetando en todo momento el debido proceso y garantizando que cualquier conducta indebida sea investigada y atendida conforme a derecho. Asimismo, refrendamos nuestro compromiso permanente con la protección y el respeto de los derechos humanos, velando siempre por la dignidad, la integridad y las garantías de todas las personas”.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer la vigilancia y el control en las corporaciones policiales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales, un principio básico para mantener el orden y la confianza en las instituciones públicas.
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