La Corte Suprema de Estados Unidos mantiene la ciudadanía por derecho de nacimiento

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La Corte Suprema de Estados Unidos mantiene la ciudadanía por derecho de nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes 30 de junio de 2026 la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump que pretendía restringir el acceso automático a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes en situación irregular o con permanencia temporal en el país.

Este fallo representa un revés para la administración republicana y reafirma la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que reconoce el derecho a la ciudadanía a quienes nacen en territorio nacional, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

La decisión fue tomada por una mayoría de seis votos contra tres, en un pronunciamiento que mantiene vigente una jurisprudencia que data de finales del siglo XIX. Entre los magistrados que votaron a favor de mantener la ciudadanía por derecho de nacimiento se encuentra el juez conservador Brett Kavanaugh, quien fundamentó su voto en una ley federal y no en la Constitución.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, destacó en el dictamen mayoritario que “la ciudadanía, tanto antes como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a toda persona nacida libre en esta tierra. Hoy mantenemos esa promesa”.

Cabe recordar que el 20 de enero de 2025, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, Donald Trump firmó la orden ejecutiva que buscaba modificar el alcance tradicional de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La directiva establecía que solo serían reconocidos como ciudadanos al nacer aquellos hijos de al menos un padre que fuese ciudadano estadounidense o residente permanente legal, excluyendo a los hijos de inmigrantes en situación irregular, visitantes temporales y personas sin intención de residencia permanente.

De haberse implementado, esta medida habría afectado el estatus legal de hasta 250,000 bebés cada año y habría obligado a millones de familias a presentar pruebas adicionales sobre la ciudadanía de sus hijos recién nacidos. Sin embargo, la orden nunca entró en vigor, pues fue bloqueada por tribunales federales poco después de su emisión.

Este fallo de la Corte Suprema reafirma la estabilidad jurídica en un tema fundamental para la cohesión social y el orden legal, evitando cambios abruptos que podrían generar incertidumbre en numerosas familias. En un contexto donde la movilidad y el crecimiento urbano demandan soluciones de transporte eficientes y accesibles, como el cablebús que se proyecta en Puebla, la certeza en derechos básicos como la ciudadanía contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones y el respeto a la ley.

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