La Secretaría de Salud reconoció este martes 30 de junio de 2026 la existencia de medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, tras años de denuncias por parte de derechohabientes. El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que al asumir la administración el nuevo director del hospital se realizó una evaluación que reveló la acumulación de fármacos vencidos durante varios años.
El funcionario detalló que aproximadamente 18.4 millones de piezas de medicamentos, con un valor superior a 121 millones de pesos, se encuentran afectados por esta situación. Además, señaló que se investiga la falta administrativa para determinar a los responsables y esclarecer las causas del desabasto.
En la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum añadió que los posibles implicados podrían enfrentar sanciones graves si se comprueba que incumplieron las normativas de salud pública. Asimismo, abrió la posibilidad de que se haya producido una sobrecompra de medicamentos que no fueron utilizados en tiempo y forma, lo que habría provocado su caducidad. “Hay que ver si se compraron medicamentos de más en algún momento. Porque el que se haya detectado en 2023, no quiere decir que hubiera medicamentos del 2017. Por eso hay que revisar cuándo fue la caducidad de esos medicamentos”, explicó la mandataria.
Por otra parte, hace unas semanas, médicos residentes del Hospital Infantil de México iniciaron un paro laboral limitado a actividades no críticas, como respuesta a denuncias de acoso sexual, abuso de autoridad y hostigamiento dentro de la institución. En un comunicado dirigido a autoridades federales, el colectivo, ahora formalmente constituido como Coalición de Médicos Residentes, exigió la destitución de los responsables y garantías de protección para quienes presentan denuncias, sin que se produzcan represalias.
Los médicos aclararon que la protesta no afecta áreas críticas como Urgencias, Terapias Intensivas y Hospitalización, para asegurar la atención continua de los pacientes más vulnerables. A pesar de meses de denuncias y apertura de expedientes, no han recibido una respuesta satisfactoria de las autoridades, lo que motivó esta medida.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en instituciones de salud pública, para garantizar la correcta administración de recursos y la seguridad de los pacientes, aspectos fundamentales para preservar el orden y la confianza en el sistema sanitario nacional.
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