La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió clasificar como reservada durante cinco años la información relacionada con las comunicaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez. Ambos políticos están mencionados en investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses.
Esta determinación se dio a conocer tras una solicitud de transparencia presentada por El Sol de México, que buscaba acceder a detalles sobre las gestiones diplomáticas, intercambios institucionales y mecanismos de cooperación vinculados con ambos funcionarios.
La Cancillería justificó la reserva argumentando que la divulgación de dicha información “podría menoscabar” los entendimientos entre ambos gobiernos. En su resolución, la SRE señaló que revelar estos documentos violaría la expectativa de confidencialidad que esperan los funcionarios estadounidenses, lo que pondría en riesgo las relaciones de confianza necesarias para el trabajo cotidiano de las representaciones diplomáticas en ambos países.
Además, el Gobierno Federal decidió clasificar por un periodo de tres años las minutas de la reunión celebrada el pasado 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin. Este encuentro adquirió relevancia luego de que se difundiera que el funcionario estadounidense habría planteado la posible entrega de Rocha Moya e Inzunza para enfrentar las investigaciones en Estados Unidos.
La información fue solicitada el 26 de mayo mediante dos peticiones dirigidas a la SRE, con el fin de conocer los detalles de las conversaciones entre ambos gobiernos sobre la situación jurídica de los políticos sinaloenses. La Unidad de Transparencia de la Cancillería informó que la solicitud fue turnada a la Subsecretaría para América del Norte y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que determinaron la clasificación de la información.
Según la resolución del Comité de Transparencia, los documentos contienen posiciones institucionales, solicitudes de cooperación internacional, estrategias de coordinación, análisis de información y elementos relacionados con la interlocución diplomática. Se advirtió que la difusión de este material podría afectar la imagen de México ante otros países y comprometer futuros mecanismos de cooperación bilateral.
Cabe recordar que la solicitud de información se presentó luego de que se cumplieran 70 días desde que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, acusó formalmente a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y ocho funcionarios más del estado de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado. En la acusación, el administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que “los acusados utilizaron posiciones de confianza para proteger operaciones criminales y facilitar una tubería de drogas mortales hacia Estados Unidos”.
Este caso subraya la complejidad de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia, donde la discreción y la cooperación bilateral son elementos fundamentales para preservar la estabilidad y el orden en ambos países.
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