La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva Recomendación, la 208VG/2026, en la que concluye que no existen elementos suficientes para sostener que el Ejército haya participado directamente en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En este documento de 867 páginas, el organismo señala que la hipótesis que ubicaba a las fuerzas militares como actores centrales en este caso debilitó las investigaciones contra policías municipales, autoridades locales y el grupo criminal Guerreros Unidos.
La CNDH puntualiza que, a lo largo de las distintas etapas de la investigación, la narrativa sobre una desaparición forzada masiva ejecutada por militares o una operación de represión política contra los estudiantes no fue acreditada con pruebas suficientes. Por ello, destaca que, pese a la exhaustividad de su análisis, no ha podido confirmar la participación directa de ningún elemento del Ejército en los hechos violentos ni en la desaparición de los normalistas.
Asimismo, el organismo subraya que no existe evidencia de un plan diseñado específicamente para hostigar y eliminar a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
No obstante, la CNDH considera indispensable concluir la investigación sobre una posible complicidad de mandos militares, entendidos como personas individuales, con el grupo criminal Guerreros Unidos. Al respecto, señala que la información más reciente disponible para la Fiscalía General de la República (FGR), y que pudo ser consultada, data de septiembre de 2025.
En esa fecha, las indagatorias contra cuatro integrantes del Ejército por el delito de delincuencia organizada se encontraban en etapa de integración, mientras que los procesos contra 17 elementos por delitos como delincuencia organizada, desaparición forzada, homicidio calificado y tentativa de homicidio estaban en etapa de instrucción.
La CNDH advierte que las acusaciones contra militares provienen principalmente de testimonios de testigos protegidos, quienes fueron en su momento miembros de Guerreros Unidos, así como de conversaciones extraídas de teléfonos celulares que fueron publicadas en el Primer Informe de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa (CoVAJ), pero que posteriormente fueron invalidadas por diversos actores.
Por otro lado, la Comisión recoge testimonios de estudiantes sobrevivientes que relatan que, el día de los hechos, algunos normalistas fueron recibidos a golpes por policías municipales de Iguala y Huitzuco, quienes los sometieron, esposaron y tiraron al piso boca abajo.
Además, está documentada la presencia de elementos de la Policía Estatal y de la Policía Federal en puntos del recorrido de los autobuses donde se registraron disparos y actos violentos.
En cuanto a la responsabilidad sobre la orden de desaparecer a los estudiantes, la Recomendación apunta hacia dirigentes de Guerreros Unidos en colusión con autoridades locales. Incluso cita un mensaje entre dos mujeres, Yaza y Karen, en el que se menciona que el padre de una de ellas estaba “muy enojado” y habría ordenado recuperar su mercancía y eliminar a todos a discreción.
Este análisis de la CNDH aporta claridad a uno de los casos más sensibles en la historia reciente del país, subrayando la importancia de una investigación rigurosa y sin sesgos que permita alcanzar justicia para las víctimas y sus familias.
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