El pasado 20 de abril, el rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP), Raymundo Atanacio Luna, firmó un convenio de colaboración con la asociación civil ITEBIO A.C., representada por Rafael Zabalza. Este acuerdo, difundido por la propia universidad, tenía como objetivo impulsar proyectos académicos, científicos, tecnológicos y culturales, fortaleciendo la vinculación institucional mediante actividades de investigación, capacitación y desarrollo.
Sin embargo, el convenio ha vuelto a ser objeto de atención tras la detención de Rafael Z., señalado por las autoridades como presunto responsable de ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl. Aunque la Fiscalía no ha confirmado si el detenido y el representante de ITEBIO A.C. son la misma persona, diversos reportes periodísticos los vinculan.
Además, se ha dado a conocer que Rafael Z. fue durante años un proveedor importante de medicamentos y equipo médico para el Gobierno de Puebla en las administraciones de Melquiades Morales y Mario Marín, lo que añade un contexto relevante al caso.
Es importante destacar que al momento de la firma del convenio no existía ninguna investigación pública en contra de Rafael Z., pero los hechos recientes han abierto un debate sobre los mecanismos con los que cuentan las instituciones públicas para revisar la vigencia de sus convenios cuando alguno de sus firmantes enfrenta investigaciones por delitos de alto impacto.
Hasta la fecha, la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla no ha emitido un posicionamiento oficial respecto al convenio ni ha informado si éste permanecerá vigente o será revisado a la luz de los acontecimientos.
Este caso pone en evidencia la necesidad de establecer protocolos claros para evaluar la continuidad o suspensión de convenios institucionales, con el fin de preservar la confianza pública y el prestigio de las instituciones, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas.
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