Exmiembro de ETA rescatado en Venezuela enfrenta proceso de extradición en España

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Exmiembro de ETA rescatado en Venezuela enfrenta proceso de extradición en España

El pasado 24 de junio, dos terremotos sacudieron Venezuela, causando más de 4,500 muertes y dejando a numerosas víctimas, entre ellas una pareja española. Luis María Olalde Quintela fue rescatado de los escombros de un edificio derrumbado en una zona de clase media en Caracas, mientras que su esposa, Alazne Solabarrieta, lamentablemente falleció.

Este rescate reveló la presencia de Olalde en Venezuela y motivó que la justicia española reactivara dos procesos judiciales en su contra. Se le acusa de haber participado en el comando ‘Urola’ de la disuelta organización separatista y terrorista ETA, y de estar involucrado en un atentado ocurrido en 1979 que causó la muerte de tres guardias civiles españoles, según reportó el diario La Voz de Galicia.

Olalde, conocido como Txistu, ha residido en Venezuela durante varias décadas. A principios de este siglo, el gobierno español intentó su extradición sin éxito. Actualmente, figura en la lista de prófugos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado de España, que a finales de 2025 incluía a poco más de veinte personas con paradero en países como Brasil, Cabo Verde, Cuba, Francia, México, Uruguay y Venezuela, de acuerdo con información publicada por El País.

Durante la década de 1980, varios miembros de ETA llegaron a Venezuela en el marco de acuerdos entre el entonces presidente español Felipe González y el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez.

La organización Dignidad y Justicia, que defiende a las víctimas de ETA, ha señalado que la reciente localización de Olalde representa una oportunidad excepcional para que responda ante la justicia española por los actos terroristas que se le imputan, según destacó La Voz de Galicia.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, así como la necesidad de mantener el orden y la autoridad para garantizar que quienes han cometido actos violentos rindan cuentas ante la ley.

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