Víctor Rodríguez Padilla saldrá de prisión y seguirá proceso en libertad por agresión a su esposa

Víctor “N”, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de violencia familiar, continuará su proceso penal en libertad luego de que una jueza de Control en Morelos modificó las medidas cautelares en su contra. La decisión se tomó este martes 14 de julio de 2026 durante una audiencia de revisión, en la que se consideró que su esposa, María Felicia Jiménez, y su hijo menor de edad ya no se encuentran en situación de riesgo.

La jueza revocó la prisión preventiva y ordenó la liberación inmediata del exfuncionario, estableciendo nuevas condiciones para su proceso. Entre los motivos para esta resolución destacó la manifestación de la denunciante de poner fin al proceso iniciado contra su esposo.

Para este martes estaba prevista una audiencia de suspensión condicional del proceso, en la que se esperaba la presencia de María Felicia Jiménez; sin embargo, la mujer no acudió, lo que llevó a que la diligencia fuera retirada. Según se informó, la ausencia se debió al asedio de los medios de comunicación, situación que le ha provocado estrés y problemas de salud. Por ello, se buscará que la próxima comparecencia se realice de manera privada o mediante conexión telemática en los próximos días.

Tras retirar la audiencia de suspensión condicional, la defensa de Víctor “N” solicitó la revisión de las medidas cautelares, petición que fue aceptada por la jueza. Aunque el exdirector de Pemex recuperará su libertad, deberá cumplir con las siguientes condiciones: acudir a firmar cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares, entregar una garantía económica de 20 mil pesos, no salir del país, y tiene prohibido acercarse o comunicarse con su esposa e hijo.

La jueza advirtió que, en caso de incumplir cualquiera de estas medidas, el imputado podría volver a ser privado de la libertad. Además, dio un plazo de dos horas para que las autoridades penitenciarias concretaran la liberación de Víctor “N”.

Este caso pone en relieve la importancia de garantizar la protección de las víctimas y el debido proceso, así como la necesidad de respetar la privacidad y el bienestar de quienes participan en procedimientos judiciales delicados.