La madrugada del martes 14 de julio de 2026, las autoridades detuvieron a Rafael Z., conocido como “El Español” durante el periodo del exgobernador Mario Marín Torres, y apodado también “El Tirador de la Atlixcáyotl”. Este personaje fue señalado por intentar emplear a Marín para que conservara su prisión domiciliaria y abandonara el penal de máxima seguridad “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez.
Rafael Z. fue uno de los contratistas preferidos de José Alfredo Arango García, exsecretario de Salud de Puebla durante el sexenio de Marín. Actualmente, mantiene participación en diversas empresas que abarcan desde la construcción hasta la venta de fármacos, desarrollo biotecnológico y laboratorios ambientales. Entre estas compañías se encuentran Grupo Mexicano de Investigación Más Desarrollo Más Innovación, S.A. de C.V., Owl Health, Inmobiliaria Rajuan, S.A. de C.V., Detabio, Biotecnología del Siglo XXI, S.P.R. de R.L. de C.V., Inmobiliaria del Equipo Rojo, S.A. de C.V., y PETROAADLAB.
Estas sociedades comparten un círculo cerrado de socios, entre los que figuran Sergio Rubén Trejo Estrada, Rosalinda Cabrera Dolores, Ángela Dolores Tolentino y los hijos de Rafael Z. de su primer matrimonio, Julen y Ander Zabalza Macías.
A través de Rosalinda Cabrera Dolores, socia en varias de estas empresas, “El Tirador de la Atlixcáyotl” ofreció un empleo al exgobernador Mario Marín Torres mediante la empresa Arrendadora Cado, en la que también participa Adriana del Rocío Cabrera Dolores, hermana de Rosalinda.
Esta estrategia para que Marín pudiera salir de prisión domiciliaria fue revelada en agosto de 2023 por el periodista Ernesto Aroche Aguilar. Consistía en demostrar que el exmandatario tenía arraigo al contar con un empleo que podía desempeñar desde su domicilio. Arrendadora Cado le ofreció un contrato de cinco años y un salario mensual de 30 mil pesos, con documentación notariada por Valentín Meneses Rojas, excolaborador cercano de Marín.
Gracias a esta maniobra, el exgobernador abandonó “El Altiplano” un año después de presentada la documentación. Sin embargo, en abril de 2025 regresó a prisión para continuar su proceso judicial por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.
Este caso pone en evidencia las redes de influencia y los mecanismos utilizados para favorecer a personajes vinculados con el poder político, lo que subraya la importancia de mantener un sistema judicial firme y transparente.
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