Una familia de la colonia San Lucas el Grande, en San Salvador El Verde, denunció un presunto saqueo durante un cateo realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en el Aserradero El Ciprés. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de marzo a las 02:00 de la mañana, cuando agentes de la Fiscalía arribaron al lugar con múltiples unidades y armamento.
Flor Ruiz y su madre, integrantes de la familia afectada, relataron que más de diez hombres ingresaron a la vivienda que comparten con el aserradero, mientras que en una casa contigua reside otro hijo con su esposa y cuatro menores de edad. La familia aseguró que, además de la presencia de la Fiscalía, hubo un vehículo del Ejército en el sitio, lo que fue documentado con imágenes y videos.
Ante la llegada de los agentes, Flor y su madre se resguardaron en la azotea y se comunicaron con el padre, quien no se encontraba en el lugar. A su llegada, se le negó el acceso, no le mostraron la orden judicial y no recibió explicación alguna. La familia permaneció en resguardo hasta las 7 de la mañana, cuando descendieron y constataron que la Fiscalía había revisado exhaustivamente la casa, desactivado cámaras y sustraído objetos de valor, entre ellos joyas y dinero en efectivo.
La madre de familia narró que al entrar a su cuarto encontró desorden, ropa tirada y cajones abiertos. Además, constató que sus ahorros y carteras con dinero habían sido vaciados, al igual que los alhajeros. También denunció el robo de bolsas y joyas de su hija.
En la vivienda contigua, el hermano de Flor fue detenido y trasladado por las autoridades sin explicación clara. Su esposa e hijos fueron encerrados en un automóvil y amedrentados con armas de fuego. Asimismo, la familia observó que todos sus vehículos particulares y varios camiones de carga del negocio fueron retirados sin justificación, incluso con un chofer presente que tampoco recibió información.
Tras la falta de respuestas por parte de la Fiscalía, la familia accedió a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/CJMPUEBLA-I/003921/2026, donde se advierten posibles irregularidades. El cateo fue autorizado por el juez de Control Regional Arturo Barranco Montoya, quien, según la familia, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, aunque no se especificaron los motivos.
La orden judicial argumenta la diligencia ante la preocupación de vecinos por la presencia de adolescentes trabajando en el aserradero, vehículos con vidrios polarizados y placas de otros estados, como Michoacán. Se estableció la necesidad de investigar el delito de trata de personas con fines de explotación laboral de menores, conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
La familia denunció que la Fiscalía negó la presencia de menores, no documentó varios objetos sustraídos, como los automóviles, y omitió la presencia del Ejército. Además, señalaron que solo seis personas, incluidos testigos, fueron consideradas en el proceso, cuando las imágenes muestran más del doble de agentes en el lugar.
“Es este el tipo de servidores públicos que abusan de su autoridad, y jueces que autorizan cateos sin pruebas suficientes, basándose solo en testimonios sin analizar videos ni otras evidencias”, expresaron.
En un video difundido en redes sociales, la familia negó las acusaciones en su contra y solicitó el apoyo de la ciudadanía para que su caso sea conocido y se haga justicia, con el
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