El Partido Acción Nacional (PAN) interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, señalado como único supervisor de la obra del Tren Interoceánico, así como contra la Secretaría de Marina, responsable de la operación y mantenimiento del sistema ferroviario, y las empresas involucradas en su construcción.
El primer descarrilamiento ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en el tramo de la línea Z entre Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec. En ese accidente, que involucró un tren de pasajeros, fallecieron 14 personas y más de un centenar resultaron lesionadas. En esa ocasión, la FGR responsabilizó al maquinista. El segundo descarrilamiento, ocurrido recientemente, involucró un tren de carga y no dejó víctimas.
Priscila Vera, integrante del comité ejecutivo nacional del PAN, expresó su inconformidad por la falta de responsables claros en este proyecto emblemático a cargo de la Marina, y señaló que la supervisión debería estar a cargo del hijo del expresidente. “¿Cuántas muertes más deben ocurrir para que haya un responsable y se llame a comparecer no solo al secretario y a los responsables técnicos, sino también a ‘Bobby’ López Beltrán?”, cuestionó.
Miguel Errasti, secretario de gobierno del PAN en Ciudad de México, pidió que la justicia sea expedita para todos, sin excepciones, y criticó la aparente impunidad que gozan algunos militantes de Morena, incluyendo a familiares del expresidente López Obrador.
Este viernes 17 de julio de 2026, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y de la dirigencia del PAN en Ciudad de México acudieron a las instalaciones de la FGR en la colonia Doctores para presentar la denuncia. Calificaron este acto como un reto para la fiscal general, Ernestina Godoy, a quien demandan actuar con la misma prontitud y rigor con que se detuvo al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y tráfico de combustible.
Los panistas denunciaron que la FGR actúa en favor del régimen morenista y recordaron casos como el del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, quienes permanecen impunes pese a acusaciones de vínculos con el Cártel de Sinaloa. También señalaron la falta de investigación contra el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por el caso de huachicol fiscal.
Priscila Vera criticó la actuación de la fiscalía y la desestimación de asuntos de seguridad nacional por parte de autoridades como el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Asimismo, consideró que la detención de Ruffo Appel es una cortina de humo ante la crisis política que enfrenta la gobernadora Marina del Pilar Ávila, evidenciada por supuestos acuerdos con agencias estadounidenses a cambio de impunidad.
La denuncia incluye la solicitud de comparecencia de las empresas ABCD Arquitectura S.A. de C.V. y Construcción y Mantenimiento Ferroviario S.A. de C.V., contratadas por la Marina para la obra. Ambas compañías, cuyos propietarios son amigos cercanos del “Clan López Beltrán”, se han visto beneficiadas en un proyecto marcado por irregularidades y sobrecostos que superaron los 62 mil millones de pesos, más del triple del presupuesto original de 20 mil millones.
Finalmente, la integrante del CEN del PAN subrayó la importancia de que la fiscalía investigue también la supervisión de la obra, aspecto que hasta ahora ha sido omitido.
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