La salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR) no fue una renuncia voluntaria, sino un cese ordenado desde el Ejecutivo tras descubrirse que fungía como informante de agencias estadounidenses desde hace al menos seis años, según reveló el periodista Raymundo Riva Palacio.
En su columna Estrictamente Personal, publicada este viernes 17 de julio de 2026, Riva Palacio detalla que un operativo de contrainteligencia realizado tras la llegada de Lara a la FGR en enero pasado destapó no solo sus vínculos con redes de extorsión y huachicol fiscal, sino también su colaboración con servicios de inteligencia extranjeros.
Ulises Lara López, quien fue encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y llegó a la FGR para fungir como vocero y fiscal especial para Asuntos Relevantes, anunció su renuncia el martes 14 de julio, argumentando “motivos personales”. Sin embargo, la investigación interna reveló que su pasado oscuro motivó un seguimiento inmediato al asumir el cargo.
El detonante para su cese fue la liberación de José Antonio Cortés, alias “El Titán”, líder del Cártel del Noreste, ocurrida la semana pasada. Las pesquisas indicaron que Lara había pactado con figuras vinculadas al contrabando fiscal, entre ellas Raúl Rocha Cantú, codueño del certamen Miss Universo, quien estaba bajo investigación por presunto tráfico de combustible y armas desde Guatemala, donde fungía como cónsul honorario.
De acuerdo con reportes estadounidenses citados por Riva Palacio, esta red de huachicol fiscal estaría vinculada con el senador Adán Augusto López y con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador.
Además, el periodista señala que Lara utilizó su posición para extorsionar a la familia Lozoya y a cercanos del empresario Alonso Ancira. Esta situación habría sido parte de las causas que derivaron en la detención, hace dos semanas, de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.
La FGR también reactivó recientemente el proceso penal contra Alonso Ancira, quien aún debe más de 112 millones de dólares a Pemex por reparación de daño en el mismo caso.
Riva Palacio concluye que, en la actual administración, la corrupción no se castiga ni se investiga adecuadamente, pero sí se sanciona la confianza con despidos, como ocurrió con Lara, cuyo cese provocó una crisis interna en la Fiscalía.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en las instituciones encargadas de la procuración de justicia, para preservar el orden y la seguridad que demandan los ciudadanos.
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