La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que el sábado 18 de julio de 2026 fue detenido Javier Montalvo Juárez, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan, en el marco de las investigaciones por el homicidio del periodista, profesor y abogado Josué Martínez Contreras.
La captura se realizó a las 14:04 horas sobre la carretera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala, entre la Autopista Arco Norte y Domingo Arenas, cerca de una tienda de conveniencia en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco. Según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la detención fue resultado de diligencias de investigación realizadas por agentes de la Policía de Investigación Estatal.
La FGE detalló que el arresto se efectuó por la probable responsabilidad de Montalvo Juárez en el delito de cohecho, relacionado con el homicidio del periodista ocurrido la mañana del 16 de julio de 2026, frente a su hijo de 13 años. Durante la intervención, el detenido ofreció a los agentes un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura correspondiente y dinero en efectivo, además de cualquier otra cantidad que solicitaran, con la intención de evitar las consecuencias legales derivadas de la investigación en su contra.
Los agentes rechazaron inmediatamente la oferta y procedieron a la detención con estricto apego a la legalidad, informándole en todo momento sus derechos como persona detenida. Posteriormente, el alcalde auxiliar fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado reiteró que las investigaciones por el homicidio del periodista continúan bajo un enfoque integral, exhaustivo y objetivo, agotando todas las líneas de investigación conforme a los protocolos aplicables para delitos cometidos en agravio de periodistas y defensores de derechos humanos.
La FGE reafirmó su compromiso de actuar con firmeza, imparcialidad y estricto apego a la ley, garantizando que ninguna persona obstaculice la procuración de justicia mediante actos de corrupción o conductas que interfieran con las investigaciones.
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