El fiscal federal de Texas, Aaron Reitz, ofreció ayer nuevos detalles que contradicen la versión del gobierno estadounidense respecto a la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado. Según la información oficial difundida el día del incidente, Salgado habría golpeado un vehículo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) antes de ser abatido por agentes. Sin embargo, Reitz negó esta afirmación y aportó una narrativa distinta.
El fiscal explicó que los agentes del ICE buscaban a dos hombres guatemaltecos que conducían una camioneta similar a la de Salgado y que se parecían a él y a su acompañante. Esta versión difiere del comunicado inicial del Departamento de Seguridad Nacional, que señalaba a Salgado como el objetivo directo de la operación migratoria.
De acuerdo con Reitz, cuatro agentes en dos vehículos rodearon la camioneta de Salgado. Dos oficiales descendieron y le indicaron que pusiera la marcha en Parking. Uno de ellos se encontraba “parcialmente dentro de la camioneta o inmediatamente al lado de ella” cuando Salgado intentó dar marcha atrás y luego avanzar. No obstante, el fiscal no mencionó ninguna colisión entre la camioneta de Salgado y los vehículos policiales, ni que el agente haya actuado en defensa propia, como se había afirmado previamente. Tampoco se reportaron lesiones entre los agentes involucrados.
La fiscalía no identificó al agente que disparó ni confirmó si era la misma persona que estaba junto a la camioneta en el momento de los hechos.
Por otra parte, en un caso relacionado, se reveló que los agentes del ICE que asesinaron en Biddeford al migrante colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, llevaban cámaras corporales que “no podían encender”. Esta información fue dada a conocer por The Intercept, que citó a cuatro funcionarios de la agencia bajo condición de anonimato. Contrario a lo declarado por el gobierno estadounidense, los agentes sí portaban micrófonos con altavoz remoto Motorola SVX Video, un dispositivo inalámbrico con cámara, aunque sólo se usaban como micrófonos para comunicación interna debido a limitaciones contractuales con la empresa Axon.
Cabe destacar que, durante la represión migratoria en Minnesota, el ICE anunció la compra y distribución de cámaras corporales para todos sus equipos de arresto. Según documentos del Departamento de Seguridad Interior, el ICE planea invertir más de 100 millones de dólares en un contrato de seis años para radios inteligentes Motorola. Además, Axon, empresa conocida por sus cámaras corporales y anteriormente llamada Taser, fue objeto de una solicitud pública del ICE para adquirir equipo por 220 millones de dólares. Curiosamente, dos semanas antes de esta solicitud, el entonces presidente Donald Trump compró acciones de Axon por un valor de cinco millones de dólares.
Estos hechos ponen en evidencia la complejidad y controversia en torno a las operaciones del ICE y la necesidad de transparencia y responsabilidad en el manejo de la seguridad y el respeto a la vida humana.
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