Jueza ordena suspensión temporal de la fusión entre Paramount y Warner Bros.

La jueza Araceli Martínez-Olguín emitió el viernes por la mañana una orden para suspender temporalmente la fusión entre Paramount y Warner Bros., luego de que una coalición de 12 estados, encabezada por California, argumentara que la operación violaría la ley federal antimonopolio de Estados Unidos. Según esta coalición, la fusión podría derivar en precios más altos y una reducción en la oferta de películas y programas de televisión.

La orden de restricción temporal impedirá que el acuerdo se concrete por un plazo máximo de 28 días, mientras se resuelve la demanda presentada por los estados. Además, estos solicitaron una medida cautelar preliminar que bloquearía la fusión hasta que el juez se pronuncie sobre el fondo del caso.

Paramount había acordado previamente no cerrar la transacción antes del 22 de julio. En la audiencia, Martínez-Olguín sugirió que la empresa admitió que una pausa temporal no le causaría perjuicio. Por su parte, Jeffrey Kessler, representante de Paramount, propuso estipular que la transacción no se cerraría durante 30 días, a la espera de la resolución sobre la medida cautelar.

La compañía solicitó una audiencia con testigos presenciales para finales de agosto, con la expectativa de obtener un fallo a principios de septiembre. De no concretarse el acuerdo antes del 30 de septiembre, Paramount comenzaría a deber millones de dólares diarios a los inversores de Warner Bros.

Los estados sostienen que la fusión afectaría la competencia en los mercados de cable básico y cine, al unir a dos de las tres principales programadoras de cable y a dos de las cinco principales distribuidoras de películas. En respuesta, Paramount destacó el éxito de nuevos participantes como A24 y Amazon MGM para argumentar que el mercado cinematográfico es más competitivo y dinámico de lo que plantean los estados.

Asimismo, Paramount señaló que el mercado del cable está en declive, por lo que el tribunal no debería basar su decisión en las estimaciones de concentración del mercado presentadas por la coalición estatal.