La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, manifestó este lunes 20 de julio de 2026 su respaldo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien definió como un «preso político». La legisladora acusó al gobierno federal de utilizar su detención para desviar la atención pública de la red de corrupción vinculada al huachicol fiscal y de las controversias derivadas de los audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
Durante sus declaraciones, López Rabadán señaló que resulta ofensivo para la inteligencia de los mexicanos que Ruffo sea el único encarcelado por este esquema, especialmente porque, según ella, no ocupaba ningún cargo público cuando ocurrieron los hechos que le imputa la Fiscalía General de la República. Enfatizó que el contrabando de combustibles requiere la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales, y no de ciudadanos sin responsabilidad pública.
La diputada argumentó que este ilícito sólo puede operar con la participación o la omisión de funcionarios en distintos niveles de gobierno, quienes, afirmó, se están enriqueciendo mientras el Estado pierde recursos que deberían destinarse a servicios públicos como escuelas, hospitales y seguridad. Por ello, consideró que las investigaciones deberían enfocarse en quienes autorizan y permiten el huachicol, y no en el primer gobernador de oposición en la historia del país.
«Hay grandes reclamos en nuestro país y no es metiendo a un preso político a la cárcel como se van a solucionar esos problemas», declaró López Rabadán, quien calificó la detención de Ruffo como una «cortina de humo» y una afrenta a la democracia y a la historia nacional.
Por su parte, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, también denunció este lunes una «cacería de brujas» por parte de la administración de Claudia Sheinbaum y exigió que la gobernadora Marina del Pilar Ávila solicite licencia para facilitar las investigaciones sobre el presunto contrabando de combustibles.
Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal rechazó que exista una aplicación selectiva de la justicia y afirmó que la detención del exgobernador responde exclusivamente a las indagatorias de la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, descartando cualquier motivación política en el caso.
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