La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, emitió un pronunciamiento formal a través de sus redes sociales para aclarar la reciente filtración de audios que la vinculan con agencias de seguridad estadounidenses. La mandataria sostuvo que las conversaciones difundidas corresponden a un asunto estrictamente personal relacionado con la cancelación y tramitación de su visa para ingresar a Estados Unidos.
Ávila Olmeda explicó que los audios corresponden a eventos ocurridos durante el año 2025, cuando aceptó comunicarse con diversas personas con el único propósito de recibir orientación sobre el protocolo migratorio. La gobernadora desmintió categóricamente las versiones que aseguran que sostuvo un encuentro presencial con autoridades extranjeras en Centroamérica, calificando estas afirmaciones como parte de una estrategia de persecución política en su contra.
En cuanto a la cronología de los hechos, la mandataria detalló que el proceso de asesoría migratoria derivó en un engaño por parte de uno de los involucrados, quien simuló canales institucionales. Según su relato, el primer contacto con el supuesto gestor se registró el 18 de junio de 2025 mediante un mensaje de texto. Posteriormente, el 2 de agosto de ese mismo año se realizó la primera llamada telefónica relacionada con el trámite de la visa, seguida de una segunda llamada el 22 de agosto. Finalmente, el 15 de diciembre de 2025 se concretó una reunión presencial con el presunto gestor, durante la cual se enlazó una última llamada con un individuo que se identificó como un supuesto agente del FBI.
La gobernadora enfatizó que estas conversaciones no implicaron en ningún momento un acuerdo bilateral ni la vulneración de los marcos legales de México, subrayando que «escuchar no significa negociar». Reiteró que bajo ninguna circunstancia entregará información que ponga en riesgo la seguridad nacional o la soberanía del país. Además, negó que haya ocurrido alguna reunión en Panamá, asegurando que solo escuchó las opciones disponibles para resolver su estatus migratorio frente a las autoridades estadounidenses.
Este pronunciamiento busca poner fin a las especulaciones y reafirma el compromiso de la gobernadora con la legalidad y la defensa de los intereses nacionales.
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