El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dejó claro el domingo 19 de julio de 2026 que no habrá más procesos electorales que puedan poner en riesgo el control del oficialismo en el país. Durante un acto masivo en Managua para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega afirmó que su régimen no permitirá elecciones que faciliten la alternancia política.
En su discurso, el mandatario señaló que la oposición, principalmente en el exilio, busca «atrapar el gobierno, atrapar el poder», pero advirtió que eso no ocurrirá. Ortega anunció que trabajará con la Asamblea Nacional, órgano subordinado a la Presidencia, para aprobar leyes que bloqueen a quienes calificó como «golpistas» y «vendepatrias», y que, según él, no podrán lograr sus objetivos ni siquiera con apoyo económico extranjero, en referencia a Estados Unidos.
Desde 2007, Ortega gobierna Nicaragua en medio de denuncias internacionales por fraudes electorales y la eliminación sistemática de la oposición. Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien fue vicepresidenta hasta febrero de 2025, cuando una reforma constitucional la designó copresidenta, un cargo sin precedente ni legitimidad electoral, según críticas externas.
La reforma constitucional de febrero de 2025, que entró en vigor a inicios de ese año, modificó profundamente la estructura del Estado nicaragüense. Entre sus cambios más relevantes está la eliminación del equilibrio de poderes, la ampliación del periodo presidencial de cinco a seis años y la creación de la figura de copresidenta. Estas modificaciones han sido duramente cuestionadas por organismos internacionales como la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y por la oposición nicaragüense.
Por esta reforma, las elecciones generales que deberían celebrarse en noviembre de 2026 se pospusieron teóricamente hasta noviembre de 2027. En enero de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Murillo de haber creado el cargo de copresidenta sin mandato ni legitimidad, y señaló que Ortega y Murillo han negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque saben que no podrían ganar en un proceso libre.
El gobierno estadounidense advirtió que el poder basado en la represión y la manipulación constitucional no refleja la voluntad del pueblo nicaragüense, en un contexto donde la estabilidad y el orden político se ven comprometidos por la ausencia de mecanismos democráticos genuinos.
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