Cuatro usuarios presentaron una demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment en San Francisco, acusando a la empresa de incumplir la ley de transparencia en bienes digitales de California (AB 2426), vigente desde principios de 2025. La legislación prohíbe el uso de términos como «comprar» o «propiedad» sin advertir claramente que los juegos digitales son licencias revocables, no bienes de propiedad definitiva.
Aunque la PlayStation Store incluye advertencias legales en su proceso de compra, el bufete que encabeza la demanda sostiene que estas son poco visibles y generan confusión entre los consumidores, quienes creen adquirir un producto permanente, similar a un disco físico.
El reclamo judicial surge en un contexto de creciente descontento tras varios cierres de servidores que han dejado inaccesibles juegos por los que se pagó el precio completo. Un caso reciente es el de Destruction AllStars, exclusivo para PS5 y publicado por Sony en 2021, cuyo modo multijugador fue desactivado en mayo de 2026. Su modo para un jugador, actualmente disponible, desaparecerá el 25 de noviembre próximo, dejando el juego completamente inutilizable.
Este fenómeno comenzó en 2023 con el cierre de servidores de The Crew, un juego de Ubisoft, lo que motivó la creación de la ley AB 2426. Además, ha impulsado el movimiento internacional Stop Killing Games, que busca que las editoras permitan a las comunidades mantener servidores privados o jugar sin conexión tras el abandono comercial.
Sony enfrenta en 2026 múltiples litigios en Estados Unidos. Entre ellos, un acuerdo preliminar aprobado para resolver una demanda antimonopolio por 7.85 millones de dólares, relacionada con la prohibición de vender códigos digitales fuera de la PlayStation Store entre 2019 y 2023. La audiencia final está programada para el 15 de octubre de 2026.
Asimismo, en mayo pasado se presentó otra demanda colectiva que acusa a Sony de sobreprecios en la consola PS5 durante la crisis de aranceles, al no trasladar a los consumidores las devoluciones millonarias de impuestos aduaneros que recibió.
Mientras los tribunales evalúan si Sony debe modificar la terminología en su tienda digital para reflejar la naturaleza de licencia de sus productos, la industria observa con atención este caso que podría transformar la compra de contenidos digitales, promoviendo mayor transparencia y protección al consumidor.
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