El Primer Tribunal Colegiado de Apelación con sede en el Estado de México confirmó, el 18 de junio de 2026, la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta Cisneros, acusado en el caso Cassez. Por unanimidad, los magistrados determinaron que no existen elementos suficientes para acreditar su culpabilidad en el delito de secuestro, refrendando así la libertad del imputado.
Israel Vallarta permaneció casi 20 años en prisión sin sentencia, tras ser detenido en diciembre de 2005 acusado de liderar la banda de secuestradores conocida como ‘Los Zodiaco’, junto a su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez. La detención fue transmitida en vivo, lo que convirtió el caso en uno de los más mediáticos de México. Sin embargo, semanas después se reveló que la presentación pública de la captura había sido un montaje, ya que la detención ocurrió un día antes y el reportaje contenía inconsistencias.
En agosto de 2025, una jueza del Estado de México decretó la absolución de Vallarta, quien salió libre el 1 de agosto de ese año del penal del Altiplano. La Fiscalía General de la República (FGR) apeló la decisión argumentando que el secuestro es un delito grave y que no se podía dejar en estado de indefensión a las víctimas. No obstante, la apelación fue rechazada el jueves 18 de junio de 2026.
El caso generó un conflicto diplomático entre México y Francia, que culminó con la liberación de Florence Cassez en 2013 por violaciones a sus derechos humanos. Por su parte, Vallarta permaneció recluido sin juicio durante casi dos décadas. La controversia se intensificó en 2021 cuando se detuvo a Luis Cárdenas Palomino, exalto mando vinculado a Genaro García Luna, por presunta tortura relacionada con este caso.
Israel Vallarta ha manifestado que siempre mantuvo la esperanza de que se hiciera justicia. Su absolución definitiva representa un cierre importante en un proceso judicial que puso a prueba la integridad del sistema penal mexicano. Este desenlace también subraya la necesidad de fortalecer las garantías procesales y el respeto a los derechos humanos en la administración de justicia.
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