La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” ha solicitado la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Congreso local, ante lo que consideran un intento de criminalización del ejercicio periodístico en el municipio de Tenancingo.
El conflicto surge a raíz de citatorios emitidos por la policía municipal hacia cuatro comunicadores que participan en el espacio informativo “La Madeja Política de Tenancingo”: Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez. Estos periodistas fueron señalados en la carpeta de investigación 275/2026, en la que se les atribuyen presuntos actos de violencia digital reiterada, hostigamiento, intimidación y daño a la reputación, relacionados con publicaciones y comentarios difundidos en redes sociales sobre la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco.
Según el documento de denuncia, las acusaciones incluyen expresiones de insulto, sarcasmo e ironía; sin embargo, los comunicadores sostienen que sus publicaciones forman parte del ejercicio legítimo de análisis y crítica hacia la administración municipal, especialmente en temas como servicios públicos, obra pública, transparencia, sueldos y presuntos casos de nepotismo.
El colectivo periodístico advirtió que este caso plantea un debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor de los servidores públicos, así como sobre la ponderación del interés público frente a figuras políticas en funciones.
Los periodistas fueron citados ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG), con sede en Metepec, donde comparecieron tras ser notificados el pasado 2 de junio. En este proceso, se les informó sobre la posibilidad de una sanción económica derivada de un supuesto daño psicológico a la alcaldesa, quien habría solicitado una reparación del daño por 125 mil pesos para cada uno de los señalados.
Además, la agrupación denunció que la presidenta municipal habría pedido a la ciudadanía evitar comentarios en redes sociales sobre su administración y abstenerse de difundir contenidos de la prensa local, lo que representa una restricción a la libre discusión pública y al debate democrático.
La denuncia de la alcaldesa se basa en que las publicaciones periodísticas la revictimizan al retomar un presunto secuestro que ella misma relató en un video difundido previamente en medios de comunicación.
Los periodistas reiteraron que su labor se fundamenta en investigación periodística y solicitudes de información pública, enmarcándose en el derecho a la libertad de expresión y al escrutinio del desempeño gubernamental.
Finalmente, el colectivo hizo un llamado a las autoridades estatales para garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico en el Estado de México y evitar cualquier forma de criminalización contra quienes ejercen labores de comunicación, en el contexto de las reformas en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en la entidad.
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