Este miércoles 24 de junio de 2026, jueces y magistrados en retiro realizaron una manifestación frente a las instalaciones del Tribunal de Disciplina Judicial, ubicado en avenida Insurgentes Sur, colonia San Ángel, cerca de la estación del Metrobús Doctor Gálvez. La protesta tuvo como objetivo exigir el pago de indemnizaciones pendientes tras haber sido retirados de sus cargos a raíz de la reciente reforma judicial.
Entre los participantes destacó el magistrado Reynaldo Reyes Rosas, quien ha expresado su rechazo al nuevo sistema judicial impulsado por el gobierno federal. Reyes Rosas, con más de 37 años de servicio en la impartición de justicia federal, anunció que declina su participación en dicho sistema por “congruencia y dignidad”. Además, criticó los nuevos métodos de selección, como el uso de la tómbola, calificándolos como “novísimos, pero corruptos procedimientos”.
Esta manifestación se suma a la protesta del pasado 25 de mayo, cuando alrededor de cien jueces y magistrados en retiro bloquearon los accesos del Órgano de Administración Judicial (OAJ) para exigir el pago a 86 de ellos, así como las pensiones complementarias a 120 exjuzgadores. En aquella ocasión, el bloqueo impidió el ingreso de trabajadores al órgano judicial, quienes permanecieron afuera esperando instrucciones.
El magistrado en retiro y exconsejero de la Judicatura Federal, Juan Carlos Cruz Razo, también se sumó a las protestas. Cruz Razo lamentó la falta de pago de su indemnización y señaló que esta situación afecta el programa de vida de quienes aún no la han recibido. Asimismo, criticó que los juzgadores cesados deban justificar ante el OAJ su derecho a la indemnización, cuando este está claramente establecido en la reforma judicial plasmada en la Constitución.
Los jueces y magistrados manifestaron su llamado a defender la independencia judicial, el Estado de derecho y la justicia en México, valores fundamentales para el orden y la estabilidad social. En este contexto, es importante reconocer que las reformas buscan modernizar el sistema judicial, aunque su implementación debe garantizar respeto a los derechos adquiridos y la dignidad de quienes han servido al país durante décadas.
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