Paulina González Garibay es una exempleada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se desempeñó en el área de CFE-Distribución, específicamente en las Oficinas Divisionales con sede en Puebla, Puebla. Recientemente, su nombre ha llamado la atención pública debido a la cifra reportada en su declaración patrimonial correspondiente al año 2023, donde indicó haber percibido un ingreso neto anual de $60,343,974 pesos mexicanos por su labor dentro de la CFE. Este dato figura en su declaración de modificación 2024, en la que también reportó no haber recibido ingresos adicionales por actividades industriales, comerciales, financieras ni por servicios profesionales.
Sin embargo, el 27 de febrero de 2025, la CFE, a través de la División de Distribución Centro Oriente en Puebla, emitió un oficio en el que instruyó a la empresa de vigilancia Secumax a restringir el acceso de González Garibay a las instalaciones de la CFE. El documento, firmado por el Lic. Manuel Dehesa Toledo, jefe del Departamento de Servicios Generales, señala de manera explícita que la exempleada no debe ser admitida bajo ninguna circunstancia y solicita total discreción al personal de seguridad encargado de hacer cumplir la medida.
Este hecho ocurre en un contexto de creciente escrutinio público respecto a las percepciones salariales y los beneficios de los servidores públicos y jubilados de organismos estatales.
Situación de los jubilados ante la reforma al artículo 127 constitucional
Paralelamente, más de 93 mil jubilados de organismos estatales como Pemex, CFE, Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro enfrentan en 2024 una reducción de hasta el 60% en sus pensiones mensuales debido a la entrada en vigor de la reforma al artículo 127 constitucional. Esta reforma, cuya aplicación se extiende hacia 2026, busca eliminar las denominadas “pensiones doradas”, estableciendo un tope máximo de $67,145 pesos mensuales para ese año, equivalente al 50% del salario neto del titular del Ejecutivo federal. Únicamente los integrantes de las fuerzas armadas quedan exentos de esta limitación.
La aplicación retroactiva de la reforma ha generado una intensa controversia legal y la conformación de un Frente Nacional de Defensa por parte de los afectados, quienes argumentan que se está violando el principio de irretroactividad de la ley, contenido en el artículo 14 de la Constitución. La situación ha derivado en ajustes fiscales y resoluciones judiciales orientadas a alinear los pagos con los nuevos techos legales, generando incertidumbre y preocupación entre los extrabajadores del sector público, cuya estabilidad económica se ve comprometida ante los cambios en la estructura de los pasivos laborales de estas instituciones.
El caso de Paulina González Garibay, así como la situación de los jubilados, reflejan los retos actuales en materia de transparencia, equidad y sostenibilidad financiera dentro de los organismos estatales, temas de profunda relevancia para la sociedad mexicana y para la protección de los valores institucionales.
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